Por Angie Larenas
El 20 de diciembre se aprobó en el Consejo de Ministros del gobierno español el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada. Este Anteproyecto de Ley, de convertirse en ley, vendría a sustituir la actual Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
Está bastante claro, y de ello se viene hablando desde antes de la aprobación del Anteproyecto de Ley, que la propuesta del gobierno precarizará la situación de desigualdad de las mujeres en el Estado español. Nos perpetúa como víctimas de la desigualdad y de la supuesta presión social en contra de la maternidad. Nos discrimina al tratarnos como víctimas. Nos criminaliza al prohibir. En el fondo, reduce nuestra capacidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo
El discurso feminista subraya la importancia del cuerpo como territorio. Como señala Lilián Celiberti: “como territorio de poder, como territorio propio, como autonomía, como dominio y como liberación”.
Como territorio en disputa aún hoy el cuerpo de las mujeres se encuentra mediado por la presión de la moral religiosa, en nuestro caso, por la moral católica. Esta intenta homogeneizar una visión del cuerpo femenino en la que se sobredimensiona la maternidad como cualidad suprema y se rechaza la sexualidad como sujeto de pecado.
Dentro de este andamiaje ideológico, la supuesta inmoralidad del aborto, como bien señala Ferrajoli, refleja “…la posición expresada de manera emblemática por la religión católica: si un comportamiento es inmoral debe ser también prohibido por el brazo secular del derecho; si es un pecado debe ser también tratado como delito”. Se establece así la relación directa entre moral y derecho que vemos en el Anteproyecto de Ley del ministro de justicia.
Con los cambios propuestos el gobierno español resuelve la disputa sobre el cuerpo de las mujeres, de todas las mujeres, en beneficio de las demandas de la iglesia católica y los sectores más conservadores de su partido. Legitima la victimización, discriminación y criminalización de las mujeres estableciendo dónde está el poder y quiénes lo detentan.
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